Acción de Inconstitucionalidad: Mecanismo Abstracto de Control

La Acción de Inconstitucionalidad es un mecanismo de control que sirve para expulsar del orden jurídico las normas generales que sean contrarias a la Constitución, o a los Tratados Internacionales de los cuales nuestro país es Parte. Su objeto primordial es el control abstracto y su efecto es la consiguiente anulación de las normas cuestionadas. Cada una de ellas abona a la causa de los Derechos Humanos, toda vez que, o bien se previene la aplicación de una norma que sería contraria a los mismos, o se establecen los criterios para su debida interpretación y aplicación, con respeto a los mismos. 

En  términos  generales  el  control  es  entendido  como  la  realización  de  actividades relacionadas  con  la  revisión,  verificación  o comprobación  de  diversos  tipos  de  objetos,  como  pueden  ser  actos o  acciones,  incluso  normativos.  Es  por  esto  que   en  el  ámbito  jurídico  el  control  se  refiere  al  establecimiento  de  mecanismos tendentes  a  evitar  el  ejercicio  abusivo  o  no  conforme a  derecho  del  poder,   por  lo   que  uno  de  sus  principales  objetivos  es  el  control de  las   normas,  tanto   en  los  actos  de  creación  como  en  los  de  su aplicación.

La acción de inconstitucionalidad está prevista en el artículo 105 fracción II el cual permite impugnar leyes federales o estatales ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). No requiere agravio ni controversia: su objetivo es preservar la supremacía constitucional de forma abierta.

Sujetos legitimados:

• 33 % de las cámaras federales o locales
• El Procurador General de la República
• Partidos políticos y organismos de derechos humanos certificados.

Efectos:

• Se requiere el voto de al menos 8 de los 11 ministros del Pleno de la SCJN para invalidar la norma.

Si se declara inconstitucional, la ley impugnada se anula con efectos generales (es decir, ya no produce efectos jurídicos) y se publica en el Diario Oficial de la Federación

El  objetivo  del  control  es  asegurarla  libertad  de  elección  y  desarrollo de las personas, garantizando el   ejercicio   de  sus   derechos   fundamentales. De  tal  forma que  el control   opera   como   un   sistema   de   vigilancia   que   posibilita    la observancia  de  las  normas  y  fortalece  su  eficacia.